No pasa nada. Sobran becarios

Luis Velasco

En los últimos días se ha generado una gran polémica en las redes sociales por el anuncio de una beca formativa en Newtral, el medio de comunicación que dirige la periodista Ana Pastor. En dicha oferta, se requiere de un estudiante del Grado en Ingeniería Informática o Ingeniería Telemática para que desarrolle habilidades de parseo y de extracción de información aplicado al ámbito del periodismo de datos.
Todo ello, con una dotación de 300 euros por un trabajo de media jornada -unas 30 horas semanales-.

Y el hecho de que se pague un sueldo tan bajo a un estudiante ha generado mucha controversia y ha puesto en el punto de mira al medio de Ana Pastor. Pero se trata de una práctica de lo más habitual e, incluso, hasta generosa por la dotación económica que conlleva la beca.

Una joven protesta delante de una oficina de empleo. Imagen bajo licencia: CC BY-NC-SA 2.0
Autor: arribalasqueluchan!

Desde hace unos años, es frecuente encontrar varios estudiantes como becarios en las redacciones de los medios con el objetivo de completar su formación; y su desempeño allí suele confundirse con alguien que ha firmado un contrato de prácticas. Y no es lo mismo.

Un contrato de prácticas va dirigido a los estudiantes que han finalizado sus titulaciones y no han pasado más de cinco años desde entonces, mientras que el convenio universitario de prácticas es un contrato formativo que se establece con el estudiante que está cursando los estudios, un acuerdo de colaboración educativa que se firma entre el alumno, la institución académica y la empresa en cuestión –a la que se le suprimen la mayoría de los gastos-, con el objetivo de fomentar la inserción laboral juvenil.

El recién titulado que firma un contrato en prácticas tiene como sueldo base el salario mínimo interprofesional y se consideran como unas prácticas laborales, mientras que el estudiante que firma un convenio universitario de prácticas no laborales puede no percibir ningún tipo de remuneración. Estas últimas, al ser no laborales, hace que el estudiante no se considere como un trabajador de la empresa y, por tanto, carece de los mismos derechos y del mismo salario. Únicamente es un proceso más de su formación.

En España, el Real Decreto-Ley 28/2018 del 28 de diciembre permite a las empresas no dotar de remuneración alguna si así lo acuerdan con la institución académica. ¿Y qué sucede? Pues que presuntamente muchos medios de comunicación utilizan los convenios universitarios como parte de su estructura empresarial y esto puede llegar a convertirse en un abuso laboral por aprovecharse, aparentemente, de la necesidad de una persona por adquirir experiencia.

El convenio de prácticas permite al estudiante renovar el contrato formativo de manera trimestral hasta un máximo de 9 meses -por lo general, el límite lo fija el centro educativo- y, cuando se llega a esa frontera, lo que suele ocurrir es que en lugar de ofrecer un contrato en prácticas o un contrato a tiempo parcial con vinculación formativa, el becario se marcha de la empresa y entra otro estudiante que tiene todo el camino de los nueve meses por recorrer.

Si en una redacción hay nueve becarios y el medio abre un proceso de selección para cubrir cuatro plazas de redactores; y no se ofrece ese puesto a ninguno de los becarios que van a cumplir con el límite de los 9 meses y a los que la empresa ha dedicado tiempo y ciertos recursos en su formación… ¿Qué está pasando?, ¿Por qué no se contrata a ninguno de los becarios si se ha invertido en ellos? Pues porque resulta más económico contratar a corto plazo nuevos estudiantes a quienes no están obligados a remunerar y que pueden llevar a cabo funciones a priori más sencillas que las de un redactor. ¿ No ganaría más el medio incorporando a recién titulados, con un contrato laboral equivalente, e involucrarles en el proyecto?

Algo parecido sucede en otros sectores. Cuando un encargado de un negocio X ofrece unas condiciones contractuales precarias a una persona que trabaja en dicha empresa y este, se niega, se repite la consigna: “No pasa nada, detrás de la puerta de salida hay 600 personas más matándose por este puesto. Tú sabrás”.
O, en el marco del becario que rechaza las condiciones de renovación del convenio universitario:
“No pasa nada. Sobran becarios”.

Y con la iniciativa de Garantía Juvenil, que gestionan las Comunidades Autónomas y en el que están adscritos 1.886.666 jóvenes, suele ocurrir exactamente lo mismo [1] Se trata de una iniciativa europea que incentiva económicamente a las empresas para facilitar la contratación de los jóvenes de entre 16 y 30 años, con más o menos formación [2]

Las empresas o los trabajadores autónomos que se acogen a este programa pueden llegar a recibir bonificaciones por la contratación de jóvenes dependiendo del contrato. Poniendo como ejemplo a la Comunidad de Madrid, los contratos en prácticas a tiempo completo para edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, que tienen una duración mínima de 6 meses,  permiten una subvención de 4.000 euros aproximadamente.

Unos incentivos que no son incompatibles con otro tipo de beneficios, como la reducción del 100% de las cotizaciones para las empresas de menos de 250 trabajadores y que varían en función del tipo de contrato y de la Comunidad Autónoma [3]

Si a un jardinero de 28 años le mandan a una localidad de la Comunidad de Madrid a través de este programa, éste firma un contrato de un año de duración -que puede extenderse hasta tres- con el Ayuntamiento del lugar. Tras ese período, si el trabajador intentara mantener la relación laboral, cambiaría el tipo de contrato y, por tanto, las bonificaciones desaparecerían.

Es entonces cuando el Ayuntamiento no renueva al jardinero, porque sin el marco de la Garantía Juvenil, no tiene acceso a esos incentivos y, por tanto, aumenta el gasto en ese trabajador y, en consecuencia, no interesa económicamente mantenerlo.

Es en este contexto cuando los jóvenes, tras finalizar su etapa formativa, se encuentran con una presunta contratación encubierta, revestida de beca de prácticas, que les encadena a unas precarias condiciones laborales que, entre otras cosas, suprime derechos como el de la prestación por desempleo o la remuneración de las horas extra.

En cuanto al sector de la comunicación, es un hecho que un medio no deja de ser una empresa y que debe velar por sus intereses. Pero que se beneficia del problema endémico que hay en la profesión, también lo es.

La realidad es que la polémica originada por la beca ofrecida por Newtral es una muestra más de que el campo periodístico se teje por coerciones económicas y que, lo que podrían haber sido grandes planes de inserción laboral, bajo los nombres de Garantía Juvenil o de convenio universitario, se han revelado como una utopía y como un discurso improductivo.

Parodia de una escena de la serie de Los Simpsons. Fuente: Facebook de Jose Peter Parker.

Notas

[1] Servicio Público de Empleo Estatal (2020). ‘Estadísticas sobre Garantía Juvenil’, SEPE. Obtenido de: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/estadisticas-garantia-juvenil.html

[2] Servicio Público de Empleo Estatal (2020). ‘¿A quién va dirigida Garantía Juvenil?’, SEPE. Obtenido de: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html

[3] Grupo Atisa (2020). ‘Subvención a la Contratación de Jóvenes Inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil’, Grupo Atisa. Obtenido de: https://www.atisa.es/contratacion-jovenes-inscritos-sistema-nacional-garantia-juvenil/


Luis Velasco

Graduado en Periodismo por la Universidad Nebrija. Como comunicador ha desarrollado sus funciones en los medios de La Voz del Tajo, Público.tv y 20 Minutos.
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