Vivir en el limbo legal

Tesh Sidi 2

Me llamo Tesh Sidi, nacida en los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia) e hija de saharauis con DNI Español que un día fueron ciudadanos de la provincia 53 española. Llegué a España con apenas 8 años gracias al programa Vacaciones en Paz y tuve la suerte de ser acogida por una familia española en la localidad de Banyeres de Mariola (Alicante).

Llevo en España más de 17 años y toda mi vida he sido testigo del limbo legal que sufrimos todos los saharauis. Desde los 12 años, he estado en colas interminables de extranjería donde unas veces no me reconocían el pasaporte y otras la partida de nacimiento. Incluso me han llegado a decir “tú no existes”.

En estos 17 años he sufrido varias crisis de identidad y el rechazo por parte de la administración de este país. He pasado tantas veces por el aro que hoy he decidido denunciar este arbitraje e ignorancia institucional.

Tras años de lucha, viajes fugaces en ave para ser la primera de la cola y después de escuchar frases como “guapas como tú deberían ser nacionalizadas”, el pasado 2 de septiembre se me otorgó la nacionalidad española por residencia. Parecía que mi pesadilla había terminado, por fin era española.

El 5 de octubre del presente año fui a hacer la jura de la nacionalidad y la inscripción en el Registro Civil de la ciudad de Alcoy (Alicante). Allí, se negaron a inscribir mi partida de nacimiento alegando que España no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática. La misma administración me exige hacer una prueba forense que determine mi edad y varios testigos que certifiquen los hechos de mi nacimiento (toda esta solicitud vía telefónica sin ningún escrito que avale su decisión).

Todas estas solicitudes no tienen ningún sentido una vez me ha sido concedida la nacionalidad por residencia, sin mencionar el hecho de que soy hija de un español. Hoy he dicho basta y me he propuesto invertir todos los esfuerzos que hagan falta para denunciar esta injusticia, ya que la Audiencia Nacional se pronunció sobre esto en el año 2016.

Los saharauis pasamos por toda esta epopeya en cada administración, nos piden lo que quieren sin seguir un criterio unificado y tenemos que ser los que aportan las evidencias de nuestra existencia. No hay formación sobre los ‘extranjeros’ saharauis ni voluntad por parte de la administración pública, sin mencionar el hecho de que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental.

He presentado las siguientes alegaciones en el Registro Civil de la ciudad de Alcoy, gracias a abogados saharauis formados en esta materia:

PRIMERA.- En la resolución de CONCESIÓN DE NACIONALIDAD POR RESIDENCIA en su párrafo segundo se supedita la eficacia de la misma a la realización de las manifestaciones reseñadas en el artículo 23 del Código Civil. Por tanto, carece de sentido, después de cumplir con los requisitos legalmente establecidos, que se soliciten nuevos trámites cuando la resolución ya ha recaído.

SEGUNDA.- En el mismo sentido el Real Decreto 1004/2015 de 6 de noviembre, por el que se aprueba el REGLAMENTO por el que se regula el procedimiento para la ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA, en su artículo 12.1 contempla las mismas condiciones para la eficacia de la resolución. En ningún caso se alude a la necesidad de presentar testigos para corroborar nuevos hechos, que en cualquier caso hubiesen tenido que ser advertidos en el procedimiento de concesión de nacionalidad.

TERCERA.- En el apartado segundo del mismo artículo del texto legal reseñado recoge la posibilidad de que, al no constatarse la autenticidad de los documentos aportados por el interesado en el expediente electrónico, “el Encargado del Registro Civil cotejará con sus respectivos originales, que deberá exhibir el interesado antes de que el Encargado proceda a la inscripción registral”. Por este motivo, carece de sentido jurídico que en este momento del procedimiento por parte de este Registro Civil se me advierta de la inadmisibilidad de la partida de nacimiento presentada al inicio del expediente. No corresponde al Registro Civil valorar la validez y eficacia de los documentos sobre cuya base se ha concedido la Nacionalidad, sino cotejar – de considerarlo oportuno- que los documentos que constan en formato electrónico se corresponden con los respectivos originales.

CUARTA.- En el artículo 68 apartado 2 se establece que “Para efectuar las inscripciones relativas a la nacionalidad y a la vecindad civil será título suficiente aquél a través del cual se haya reconocido la nacionalidad española o la vecindad civil que corresponda”. Por ello, si la partida de nacimiento expedida por la República Árabe Saharaui Democrática fue suficiente en el momento de solicitud de la adquisición de la nacionalidad por residencia, debe ser suficiente en el paso posterior a la concesión, que es la inscripción de la misma.

QUINTA.- Por mi condición de saharaui, es probable que desde este Registro, se haya confundido el procedimiento de adquisición de Nacionalidad por simple presunción con el que fue instado por mi persona en 2017 que fue el de Nacionalidad por residencia. En el primero de los supuestos, según la normativa, sí procede el examen forense y la presentación de testigos por las especialidades del procedimiento en sí mismo. No corresponde la petición – no formulada por escrito- que desde este Registro me ha sido trasladada ni es la práctica habitual en los Registros ni Tribunales con respecto a la Nacionalidad por Residencia de las personas saharauis. Dadas las circunstancias del Sahara Occidental – antigua colonia española, todavía pendiente de descolonizar- las Administraciones y Tribunales españoles, después de una larga discusión doctrinal, han abogado por admitir los documentos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática. En Sentencia de 8 de septiembre de 2016, número de recurso 1747/2014, la Audiencia Nacional, resolviendo un recurso interpuesto contra resolución de la entonces Dirección General de los Registros y del Notariado – actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública reconoció que “los certificados de nacimiento y de antecedentes penales emitidos por la RASD, que sí pueden tener alcance probatorio a la hora de acreditar la identidad y la buena conducta cívica del solicitante de nacionalidad española tal y como exige el Código Civil al presumirse su exactitud”. Doctrina que se mantiene pacífica desde el momento, excepto ante este Registro Civil. Continúa el mismo pronunciamiento diciendo que “sus certificados de nacimiento y de antecedentes penales han sido legalizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia, el Consulado de España en Argel, y nuevamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores Español. Quiere ello decir que se otorga validez y se legitima las firmas de las autoridades intervinientes en orden a dar eficacia a los referidos documentos. Cuentan por tanto, con el visado de las autoridades argelinas y con el de las españolas”.

Añade, “pues bien, no se ve la razón por la que la Administración habría de apartarse de su precedente actuar ( artículo 54.1 c) Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 3.1 del mismo texto), obviando sus deberes de buena fe y confianza legítima, cuando previamente ha visado los documentos indicados. Este acto previo, no puede desconocerse, puesto que a través de él legitima la firma de los documentos”.

Concluye, “en el supuesto enjuiciado las autoridades españolas competentes han legalizado los certificados de nacimiento y de antecedentes penales presentados por la interesada en la vía administrativa, cuyos certificados habían sido previamente refrendados por la República Argelina Democrática y Popular, siendo así que tras aquellos actos de legalización por las autoridades competentes españolas con la finalidad de dotar de autenticidad a los referidos documentos públicos extranjeros a efectos probatorios ( artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) resulta que la misma Administración Pública española niega validez a los mismos, y ello sin justificar debidamente que aquellos actos de legalización incurrieran en infracción del ordenamiento jurídico, por lo que es de concluir que la resolución impugnada se ha producido en contravención de los principios de confianza legítima y buena fe ( artículo 3.1 de la Ley 30/1992 )”.

Por todo ello, SOLICITO se tenga por presentado este escrito a los efectos oportunos y se proceda a la inscripción de mi NACIONALIDAD ESPAÑOLA, así como todos los procedimientos que en virtud de la misma correspondan sin más trámites que los ya realizados.

Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el pensamiento de Nuevo Campo Mediático. Puedes consultar las NORMAS DE PUBLICACIÓN aquí.

Tesh Sidi

Ingeniera informática por la Universidad de Alicante e Ingeniera Big Dara por la Universidad Europea de Madrid. Actualmente trabaja de Tech Lead en Santander Global Technologies. Además es activista saharaui.
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2 thoughts on “Vivir en el limbo legal

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